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NacionalLa defensa de la Infanta instará al tribunal el primer día a excluirla del juicio
Redacción (NJ) (Oct 07, 2015) Nacional
El juicio del «caso Nóos» –por el supuesto desvío de seis millones de euros de fondos públicos de las administraciones de Valencia y Baleares al Instituto Nóos de Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres– comenzará finalmente el próximo 11 de enero en un polígono industrial, Son Rossinyol, de las afueras de Palma de Mallorca.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares acordó ayer fijar para esa fecha el comienzo de la vista oral, que sentará en el banquillo a 18 acusados, entre ellos la Infanta Cristina, procesada como colaboradora necesaria de los dos delitos fiscales que se imputan a su marido a instancias de la acusación popular que ejerce Manos Limpias y con el criterio en contra de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Agencia Tributaria.

Pero la presencia de la hermana del Rey durante el juicio sigue siendo una incógnita, pues tanto su defensa como el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach plantearán como cuestión previa al tribunal –presidido por el magistrado Juan Pedro Yllanes– que aparte del procedimiento a Doña Cristina por falta de legitimidad de Manos Limpias para acusarla –en aplicación de la «doctrina Botín»– y porque su conducta, insisten, no merece reproche penal.

Quien no declarará como testigo será Felipe VI, como pretendía el ex socio de Urdangarín. El tribunal –integrado además por las magistradas Eleonor Moyá y Samantha Romero– recuerda a su defensa, que lo había incluido entre los testimonios que reclamaba a la Sala para la vista, que esa comparecencia no es posible «por imperativo legal», pues el artículo 441 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el Rey está exento de la obligación de prestar declaración en un juicio. Torres amparó su petición en que, según ha repetido en numerosos escritos de defensa, la Casa Real conocía la actividad del Instituto Nóos a través del entonces secretario de las Infantas Carlos García-Revenga, finalmente apartado del procedimiento.

Uno de los abogados de la Infanta Cristina, Miquel Roca, confirmó ayer en Barcelona que solicitarán al tribunal que resuelva la situación de la Infanta de forma «inmediata» y no demore la cuestión hasta la sentencia, informa Efe.

Los magistrados, eso sí, no tienen obligación legal de pronunciarse al comienzo de la vista oral –en el trámite reservado para el planteamiento de las cuestiones previas–, por lo que podrían ordenar el comienzo de la toma de declaración a los imputados sin necesidad de resolverla, aplazándola para el momento del fallo.

Sin embargo, fuentes de la defensa de la hermana del Rey aseguraron a LA RAZÓN que en este caso no se está planteando una posible conculcación de derechos fundamentales, sino «una cuestión de legitimación»: sí se puede sentar en el banquillo a un procesado únicamente a instancias de una acusación popular, en este caso Manos Limpias. La «doctrina Botín», recuerdan, impide proseguir el procedimiento contra un imputado al que no acusan ni la Fiscalía ni la acusación particular, que en este caso ejerce la Agencia Tributaria como perjudicada por el delito fiscal.

El instructor de la causa, el juez José Castro, replicó al llevarla a juicio que no se sentía obligado por esa sentencia del Tribunal Supremo, que considera «restrictiva», y esgrimió el eslogan de que «Hacienda somos todos» para insistir en que en un delito fiscal el perjudicado no es la Agencia Tributaria, que no acusa a la Infanta, sino la sociedad en su conjunto, representada en este procedimiento por la acusación popular que ejerce Manos Limpias.

La Audiencia de Palma rechazó a posteriori pronunciarse sobre el asunto y dejó en manos del tribunal encargado de juzgar el «caso Nóos» la resolución del mismo en el trámite de cuestiones previas.

Será entonces, al comienzo de la vista y antes de las declaraciones de los 18 imputados, cuando tanto la defensa de la ex duquesa de Palma como la Fiscalía Anticorrupción planteen esa falta de legitimidad de Manos Limpias para llevar a juicio a Doña Cristina. Horrach ya aportó a Castro hasta cinco resoluciones judiciales que avalan la «doctrina Botín» y los abogados de la Infanta añadirán ahora recientes resoluciones en esa misma línea.

«Debería resolverse antes –insisten fuentes de su defensa–porque no tiene nada que ver con el fondo del delito fiscal del que se le acusa». «Que le estén juzgando durante meses y al final se decida que no existía legitimidad para acusarla sería una tortura innecesaria», añaden. Aunque admiten que «no hay reglas escritas» al respecto y, por tanto, si los magistrados optan por resolver esa cuestión en la sentencia «hay poco que hacer».

La Fiscalía también pedirá que se aparte del procedimiento a la hija del Rey Juan Carlos, pero Horrach no tiene previsto apremiar al tribunal a pronunciarse el primer día de la vista oral, aunque fuentes del Ministerio Público apuntan que el tribunal «lo tendrá ya estudiado» cuando comiencen las sesiones y que debería deshojar la margarita ese mismo día dado que «no tiene que entrar a valorar ninguna prueba, al tratarse de un planteamiento de falta de legitimidad de la acusación popular».

La Fiscalía sondeó incluso al presidente del tribunal sobre la procedencia de plantear esa cuestión previa en la vistilla convocada el próximo 23 de octubre, en la que la Sala abordará con las representaciones de todas las partes cuestiones de orden interno del proceso (calendario, fundamentalmente). Pero Yllanes, según las fuentes consultadas, rechazó esa posibilidad.

El juicio puede prolongarse «hasta cuatro o cinco meses», pues los abogados deberán aportar al tribunal ese día los señalamientos previos al «caso Nóos» a los que deban asistir hasta julio.

  
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